Asamblea Logroño 15M

En estas últimas semanas hemos podido asistir a diferentes sentencias judiciales que, puestas en comparación, arrojan luz sobre la aplicación de la justica en este sistema. Son sólo un ejemplo flagrante de una estrategia cotidiana que pocas veces acapara portadas. Es la iniciativa del aparato judicial, más allá de la aplicación objetiva de la ley, de defender de la carcel a los suyos mientras imponen la entrada inmediata en prisión  a cualquiera que aparente custionar el mensaje únic.

Sin duda son sentencias ejemplares. Para dar ejemplo. Mensaje recibido.

• Carmen y Carlos, activistas del 15M de Granada, son condenados a tres años de cárcel, y a pagar 3.655 euros por atentar contra “los derechos de los trabajadores” al participar en un piquete informativo durante la huelga del 29 de marzo de 2012. El fiscal pidió una sentencia ejemplarizante, pero de sólo un año, con lo que no hubieran ido a la cárcel. Sin embargo, el juez quiso subir a 3 años y un día, por iniciativa propia.Miles de personas les apoyan junto con 200 autoinculplaciones y multitud de testimonios contrarios al relato de los hechos en los que se basa la sentencia.
• Tamara y Ana, en Pontenvedra, son condenadas a tres años de carcel por participar en una protesta sindical en 2010 en el que alguien dio un empujón y tiró pintura a una piscina. Tras el recursos de las acusadas a una sentencia inicial de seis meses, la fiscalía pidió expresamente el aumentó la pena a tres años que finalmente concedió la audiendica provincial. Cuentan con el apoyo de 66.000 firmas, el alcalde e incluso la Diputación.

Mientras tanto, estos días hemos conocido otras sentencias del poder judicial:

• La cúpula de Caixa Penedés elude la cárcel tras devolver 28 millones, en el primer juicio a banqueros sentenciado tras la crisis.  Los cuatro exdirectivos de la caja, ahora desaparecida, consiguieron una sustancial rebaja de la pena en el último momento que les permite no tener que entrar en la carcel, tras admitir el delito ante la Audiencia Nacional y devolver 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de sus planes de pensiones.
• El tribunal rechaza enviar a la cárcel a Rafael Blasco por el saqueo de los fondos de cooperación cuando era consejero de la Generalitat Valenciana.
• Actualizado (16/6/2014) Se concede el indulto a un guardia civil condenado por grabar, mofándose, una agresión sexual. Ese guardia civil es hijo de un edil del PP  Manuel Arbesú González, al que el Gobierno ha conmutado la pena de inhabilitación por una multa de 500 euros, es hijo de José Manuel Arbesú Santamaría, concejal del PP en el Ayuntamiento de Lena, Asturias.